Bájatelo en pdf La familia de la nueva inquilina de la sede de la Puerta del Sol no es, definitivamente, una fiel representante de la estirpe del españolito medio. Con un potente patrimonio inmobiliario en varios puntos de España, algunas empresas que lo gestionan y adquieren nuevas propiedades y apellidos de abolengo que van más allá del conocido de su marido, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo con Grandeza de España, no es de extrañar que empresarios y constructores hayan sonreído con la reciente llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de Madrid. “Es de las nuestras”, pensarían. Y con razón. Por Ana Pardo de Vera El dinero no otorga la felicidad, pero se da buena facilidad para imitarla. Y, desde luego, la familia de la nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) es, por lo que reza el dicho, aparentemente feliz. Aparte de un patrimonio personal más que considerable, pues procede de una familia muy bien acomodada, Esperanza Aguirre está respaldada en su entorno más inmediato por dos sectores muy fructíferos económicamente: el inmobiliario, pues, aparte de sus pequeñas incursiones en el sector, uno de sus ocho hermanos, Santiago, es presidente de Aguirre Newman, una gran empresa consultora que se declara capaz de resolver “todas las necesidades inmobiliarias”, y el de la alta nobleza terrateniente. El marido de la sustituta de Alberto Ruiz-Gallardón, Fernando Ramírez de Haro Valdés, no pertenece, precisamente, al gremio de los viejos hidalgos arruinados. Es conde de Murillo y Grande de España, descendiente directo de Felipe El Hermoso, y posee una inmensa fortuna personal, que junto a la más discreta pero no por ello desdeñable de su esposa, convierte al matrimonio y a sus dos hijos, Fernando y Álvaro, en lo que comúnmente se llama una familia rica, muy rica. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido desvelar su patrimonio, a pesar del minucioso despliegue que hizo del propio su rival durante la campaña de las pasadas elecciones, el socialista Rafael Simancas, hoy líder la oposición en la Asamblea madrileña. Tal vez, la nueva jefa del Gobierno regional madrileño lo hizo por pudor, pues los madrileños podrían pensar que una persona con tanto dinero, aunque insista continuamente en que se compra la ropa en Zara, tendría más dificultad para ver los problemas de un buen porcentaje de ciudadanos que no llegan a fin de mes por culpa de la hipoteca. Sin embargo, el cacareado patrimonio de los Aguirre va saliendo a la luz poco a poco y confirmado el refrán de que dinero llama a dinero. Por ejemplo, nada más lejos de este popular razonamiento que las informaciones publicadas por la revista Interviú sobre el paso del AVE Madrid-Lleida por los terrenos que la familia del marido de la presidenta madrileña posee en Guadalajara, concretamente en la pequeña localidad de Yebes, que contará con su propia estación. La revalorización de estas tierras de Fernando Ramírez de Haro, sus hermanos, su madre y su tía ha sido abrumadora con el paso del tren de Alta Velocidad, y podría serlo aún más según se consolide el uso de la línea de ferrocarril. La expropiación, que lleva haciendo el Ministerio de Fomento desde 1997, beneficia sobre todo a la tía del conde Murillo, Teresa Micaela Valdés, por más que el titular del ramo, Francisco Álvarez-Cascos, se empeñe en decir que los expropiados son los perjudicados de la historia. La hermana de la suegra de Esperanza Aguirre ha optado por construir una macro urbanización en Yebes, llamada Valdeluz, Avelandia para los paisanos. Al fin y al cabo, gracias al AVE, Madrid estará a 15 minutos de Guadalajara, así que esta zona residencial de lujo (tendrá campo de golf, colegios, zonas comerciales, hoteles, centro sanitario,...), con unos cinco millones de metros cuadrados y más de 9.000 viviendas, supondrá un alivio para quienes deseen escapar del caos de la capital, pero trabajen en ella. Según el citado semanario, los principales beneficiados de la decisión no explicada de Fomento de ubicar la estación del AVE en Yebes son la tía y los primos de Fernando Ramírez de Haro, aunque el hermano de la jefa del Ejecutivo madrileño se ha llevado la parte de consultoría del negocio, pues es Aguirre Newman la encargada de recomendar una casa en Valdeluz. El conde de Murillo es un rico heredero, terrateniente y ganadero, como lo es su progenitora. Beatriz Valdés, madre de siete hijos, reúne en la zona de influencia del AVE en Guadalajara cerca de 1.400.000 metros cuadrados de terreno. Y no es necesario ser un experto inmobiliario para saber que todos esos terrenos dispararán su revalorización con el paso de los años y del ferrocarril más rápido de España. Los Aguirre pueden, pues, dormir tranquilos sin que el futuro les resulte incierto. Ni el presente, porque tan sólo el matrimonio Aguirre-Ramírez de Haro acumula en la actualidad un patrimonio de más de seis millones de euros sólo en propiedades. Éstas se distribuyen por Salamanca –unas 500 hectáreas valoradas en cerca de tres millones de euros–, Ávila –una finca de cerca de mil hectáreas con un valor de más de cinco millones de euros–, Madrid y la citada Guadalajara. Las propiedades del matrimonio Aguirre en Madrid son, teniendo en cuenta el alto precio de la vivienda allí, la niña bonita de su patrimonio. La presidenta de Madrid y su familia viven en un palacete situado en pleno centro de la capital, del que ya dio cuenta El Siglo en su día (ver la portada del núm. 563: Casa rica, casa pobre). Sólo la construcción está valorada por los expertos inmobiliarios, como mínimo, en cuatro millones de euros. Tres plantas con diez balcones, sótano, un patio central empleado como garaje,... el palacete es una auténtica joya arquitectónica, por construcción y, sobre todo, por ubicación. La casa de los Aguirre, de casi 1.000 metros cuadrados, está a nombre de Beatriz Valdés, suegra de la presidenta de Madrid, y del primogénito de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el conde de Murillo, Fernando, que goza de su correspondiente título nobiliario, marqués de Villanueva del Duero, con Grandeza de España como su padre. Por herencia también corresponde a la ex presidenta de la Cámara Alta una finca de alto valor ecológico e histórico –casa solariega incluida– en El Escorial, a donde la familia Aguirre acude a descansar de vez en cuando. Cuando iba a tener lugar la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, se nombró La Granjilla como posible sitio de celebración, aunque Esperanza Aguirre negó esa posibilidad. Para gestionar, al menos, una parte de su patrimonio que, según la presidenta madrileña, “no es para tanto”, ella y su marido constituyeron la sociedad Savial, de la que el conde de Murillo figura como administrador único. Además, Esperanza Aguirre comparte con sus hermanos y su madre, Piedad Gil de Biedma Vega de Seoane, hermana del malogrado poeta Jaime Gil de Biedma, la propiedad de un piso de 350 metros cuadrados en el madrileño distrito de Chamartín, uno de los más caros de la capital, valorado en más de dos millones de euros. La madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid es viuda desde 2002 de José Luis Aguirre Borrell, prestigioso abogado de la alta burguesía madrileña, que dejó a su primogénita casi 100.000 euros de herencia, según confesó la ex presidenta del Senado. De sus padres debió heredar Santiago Aguirre la vocación inmobiliaria, pues Piedad Gil de Biedma y José Luis Aguirre fundaron en 2000 la sociedad Valdivia Inversiones, volcada en todo tipo de explotación de fincas, de la que en la actualidad es administradora única la madre de Esperanza Aguirre, mientras que el presidente de Aguirre Newman figura como apoderado. Valdivia Inversiones tiene propiedades en Sotogrande, la lujosa urbanización de la localidad gaditana de San Roque, y en Madrid. Este verano, el hermano de la presidenta madrileña se vio implicado en la crisis de la Asamblea, cuando los socialistas pidieron su comparecencia en la comisión de investigación del caso Tamayo por haber colaborado como asesor inmobiliario en la adquisición del edificio María Zayas por parte de la sociedad Box Foro Inmobiliaria S.L., propiedad del ex líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José Luis Balbás. Los populares impidieron que Santiago Aguirre se presentase a la polémica comisión alegando que ser pariente de la entonces frustrada presidenta regional no era un motivo para hacerle acudir. Hubo, sin embargo, otra conexión entre Santiago Aguirre y la lamentable crisis madrileña. La sociedad Valdivia Inversiones, propiedad de Piedad Gil de Biedma y con su hijo de apoderado compró la inmobiliaria AFI Inmuebles S.A., cuyo consejero delegado, Francisco Javier Agurruza comparte negocios con Alejandro Sáez, socio, a su vez, de los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro, los dos constructores que emplearon como asesor en una empresa de fotocopias a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid y nexo de unión de la mayor parte de los capítulos de la crisis de la Asamblea madrileña. Una buena referencia para empresarios y constructores. Con semejante baile familiar en torno a empresas, consultoras, propiedades inmobiliarias, fincas o expropiaciones casuales altamente rentables no es de extrañar que los constructores madrileños viesen en Esperanza Aguirre a su presidenta por excelencia, lo mismo que ella vio en los empresarios –y así se lo hizo saber– a la que sería su niña mimada si alcanzaba el Gobierno de Madrid. Las primeras reivindicaciones no se han hecho, pues, esperar. No hacía dos días que la jefa del Ejecutivo madrileño lo era y el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la Comunidad de Madrid, Manuel Martí, le lanzaba un consejo, cuando menos, discutible. Según Martí, Esperanza Aguirre debería cambiar la Ley del Suelo para suprimir la reserva de terreno destinada a la construcción de viviendas de protección oficial. Para el presidente de la asociación de Promotores y Constructores madrileña, que considera ese aspecto de la Ley del Suelo “una verdadera monstruosidad económica”, lo ideal es que ese tipo de vivienda salga de la liberalización. Y así se permitió recomendárselo a la nueva jefa del Gobierno regional madrileño. Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) pertenece a lo que tópicamente se conoce como alta sociedad madrileña. Lo hace en la forma tradicional, al estar casada con un noble con Grandeza de España, y en la forma económica, con una considerable red empresarial, fruto del patrimonio familiar, que como en el caso del AVE trae incontables beneficios. Es indudable que la ex presidenta del Senado, la mayor de ocho hermanos, ha tenido una vida acomodada. Sus padres, pertenecientes a la alta burguesía madrileña, vivieron cerca de la Embajada de EE UU, en una privilegiada zona verde del Barrio de Salamanca madrileño –tal vez por ello se hizo famosa en la concejalía de Medio Ambiente de la Alcaldía de Madrid por querer llenar lugares estratégicos de la ciudad de plantas y flores–. Piedad Gil de Biedma sigue habitando ese piso, muy grande y decorado de forma tradicional con gran profusión de retratos de antepasados. Esperanza Aguirre recibió una esmerada educación en el Instituto Británico y el Colegio de la Asunción, lo que le permite hablar bien inglés y francés. Su imagen se ha asociado siempre con el prototipo de niña bien del barrio de Salamanca. La nueva presidenta madrileña, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y número tres de la promoción de opositores del Cuerpo de Técnicos Superiores de Información y Turismo en 1976, asegura que no utiliza jamás ropa prestada por diseñadores famosos y que viste generalmente de Zara, salvo para la noche, que escoge los trajes de Dolores y Teresa, y para el calzado, de tacón alto, que recurre a Pilar Burgos. Su peluquería habitual es Peque, quien le realizó un cambio de corte de pelo para las elecciones, y le encantan las gargantillas, los pendientes de bisutería –las joyas de herencia familiar sólo las utiliza en ocasiones especiales– y los complementos –bolsos grandes por el día y pequeños por la noche, cinturones anchos y pañuelos de Hermès–. Es una amante del golf, del que aseguran que alcanza un buen nivel, de la novela latinoamericana y del ensayo político. De sus hermanas, Esperanza Aguirre es la que luce la imagen más tradicional. Dos de ellas, Piedad –esposa del marqués de Portugalete, Francisco Javier Cavero de Carondelet y Christou, con el que tiene dos hijos, Borja y Beltrán– y Rocío Aguirre, fueron incluso conocidas empresarias de la noche cuando abrieron, en diciembre de 1991, la mítica Sala Caracol junto a Juan Sobrino y María Dolores, Mariola, Orellana, la mujer del cantante de Ketama, Antonio Carmona. Las hermanas de la ex ministra de Educación y Cultura y sus socios compraron una vieja nave industrial de interior destartalado y la convirtieron, con la imprescindible colaboración del promotor artístico Benamargo, en el templo del flamenco de la época. La copropiedad de las hermanas Aguirre, que vendieron en 1996, no estuvo exenta de polémica. En 2001 una orden del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José María Álvarez del Manzano, precintaba la Sala Caracol por “incumplir sistemáticamente las ordenanzas municipales”, lo que montó un enorme revuelo ante la Casa de la Villa, a donde acudían a manifestarse grupos de artistas exigiendo la apertura del local. Sin embargo, según denunciaron entonces la oposición municipal de PSOE e IU y los nuevos dueños de la sala de conciertos, el expediente para cerrar Caracol se empezó a tramitar exactamente cuando Piedad y Rocío Aguirre dejaron de ser sus propietarias. Mientras tanto, aun reuniendo las mismas condiciones que en 2001, el alcalde y su equipo de Gobierno, entre los que se encontraba Esperanza Aguirre, entonces primera teniente alcalde del Ayuntamiento de la capital, no tomaron ninguna medida para precintarla. Finalmente, la Sala Caracol se abrió más de un año después, en mayo de 2002, tras ser acondicionado el local y aceptar algunas restricciones horarias. ¿Gozaron de un trato privilegiado las hermanas de Esperanza Aguirre y sus socios? Tal vez, como pudo haberle ocurrido al segundo hijo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Álvaro Ramírez de Haro Aguirre, de 23 años y perceptor de ayudas oficiales para la ganadería que los Aguirre tienen en las fincas de Salamanca, según Interviú, recibió una de las ocho matrículas de honor que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, José Iturmendi, concedió en la asignatura de Derecho Natural en el curso 1998-1999. Las otras siete, según hizo saber El Siglo en su núm. 512 (ver, Los chanchullos de Iturmendi), fueron distribuidas entre otros hijos y familiares de altos cargos del PP y de amigos del propio decano. Y es que José Iturmendi Morales, en el citado año académico dio clases de Derecho Natural en primer curso de la carrera al Grupo A, es decir, al grupo de alumnos cuyos apellidos comenzasen por las letras A o B, un total de 127 personas. Sin embargo, el decano, que bien es verdad que tiene la facultad de ordenar cambios de grupo, añadió a su clase a otros alumnos que, por una lógica cuestión de listas, correspondían a otros profesores. Entre estos agregados figuran: el hijo menor de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid; otro retoño de la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; una familiar del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, entonces en el cargo de Aguirre, una nieta del que fuera presidente de las Cortes, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Antonio Hernández-Gil. Curiosamente, a todos ellos, además de al hijo de la vicerrectora de Alumnos de la Complutense, María Teresa Fernández-Pacheco y a otros vástagos de catedráticos y profesores amigos suyos, Iturmendi, en los exámenes finales de junio les otorgó la máxima calificación, la matrícula de honor. Fueron los únicos ocho que la recibieron de 176 alumnos, según extrajo El Siglo de la hoja oficial de calificaciones. José Iturmendi encabezó la representación más conservadora en las elecciones al Rectorado de la Universidad Complutense, que tuvieron lugar antes de las vacaciones y en las que finalmente, obtuvo el puesto el catedrático de Economía Aplicada, Carlos Berzosa 03.11.03 CASA RICA, CASA POBRE Cuando explotó el escándalo en la Asamblea, Simancas, secundado por su mano derecha, Ruth Porta, decidió dar a conocer públicamente los bienes de su familia y emplazó a hacer lo mismo a su adversaria. Aguirre, sin embargo, creyó suficiente con presentar ante notario un documento con la relación de su patrimonio, sin mencionar el de su familia, y remitir al registro de bienes de Altos Cargos, en donde estaba todo lo demás, correspondiente a sus 16 años en política. Sin embargo, este registro no es público, ni mucho menos, por lo que la cuestión sobre si los ciudadanos tienen o no derecho a saberlo todo sobre la riqueza o la pobreza de quien les gobierna ya está sobre la mesa. R afael Simancas está convencido de que los diputados autonómicos deben presentar una declaración pública de bienes cuando se presenten a las elecciones y otra al concluir su mandato, y así se lo ha transmitido al PP y a IU en la Asamblea de Madrid, pidiéndoles un pacto que permita llevar a buen puerto esa iniciativa, independientemente de quien gobierne la Comunidad de Madrid.Y es que el escándalo de la Comunidad de Madrid, en donde beneficios inmobiliarios e intereses políticos se confunden sospechosamente, ha abierto, más allá de las fronteras regionales, un vehemente debate sobre la necesidad de que los dirigentes locales, autonómicos y nacionales se desnuden ante los ciudadanos. Rafael Simancas ha hecho públicos sus bienes y los de su esposa, incluida la cacareada Play Station estropeada de su hijo Daniel. Esperanza Aguirre respondió con una declaración notarial de sus bienes, recogida por distintos medios de comunicación, que se traduce en un documento que incluye las distintas declaraciones que ha venido presentando ante las instituciones oficiales desde 1987, fecha en la que entró en política. Como novedad, en su cargo de diputada portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Aguirre declaró "la compra del 50% de una casa", "450 acciones de una entidad cuyo objeto es la administración de fincas rústicas", "deudas por créditos" y "99.408 euros", heredados de su padre, José Luis Aguirre Borrell, fallecido el pasado mes de enero, cita La Razón del documento presentado ante notario por la presidenciable popular. La diferencia entre el destape de Simancas y el de Aguirre es, sin embargo, abismal. Mientras uno entregó en rueda de prensa toda la documentación referida a los ingresos y bienes inmobiliarios suyos y de su esposa, la otra se limitó a aclarar que la declaración de sus recursos correspondientes a la etapa anterior a la de candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid está en los registros pertenecientes a sus distintas etapas políticas, esto es, el registro municipal de Madrid, como concejala; el Ministerio de Administraciones Públicas, como ministra, y el Senado, como presidenta de la Cámara Alta. A eso, añadió las cuestiones puntuales novedosas citadas anteriormente. El candidato socialista ha puesto a la popular en un brete, pero ésta se resiste a dar más datos sobre las posesiones de su familia, o, al menos, sobre aquéllos que le pondrían al mismo nivel que Simancas; o sea, sobre su residencia, su(s) coche(s) o la nómina de su marido, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo con Grandeza de España y dueño de una considerable fortuna personal. El debate queda abierto, pues vieja es la convicción ciudadana de que si una persona accede a la política, ha de ser absolutamente transparente, y si le molesta, que no se dedique a la actividad pública. No es tan sencillo. Una legislación muy estricta, la que regula los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos, además de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sólo permite un acceso extremadamente restringido a la documentación patrimonial de cada uno de estos Altos Cargos. De momento, los ciudadanos saben ya dónde vive Rafael Simancas, en el pueblo madrileño de Arroyomolinos. Además, conocen que tuvo un apartamento en Fuenlabrada, el cual vendió para comprarse una casa en Boadilla del Monte, proyecto que no fructificó y del que Simancas y su mujer esperan la próxima devolución del depósito que hicieron. Al respecto, los portavoces del candidato rechazan de forma contundente las últimas informaciones aparecidas, que aventuran que el candidato socialista podría quedarse el chalet de Boadilla. La prueba es, aseguran desde la FSM, que Rafael Simancas habló de esta operación interrumpida antes de que surgiesen "estas informaciones sin ninguna credibilidad y que sólo dan hipótesis contrarias a la versión del candidato, por tanto, falsas". Finalmente, el matrimonio Simancas se decantó por el adosado en Arroyomolinos, una vivienda de alrededor de 200 metros cuadrados y que compraron por cerca de 200.000 euros y en el que habitan en la actualidad. Además –el líder socialista madrileño puso a disposición de la prensa todos los documentos, hasta el mínimo detalle–, se hicieron públicos la nómina de María José Sánchez, esposa del candidato de la FSM; los ingresos de éste, su declaración de la renta conjunta de 2002, los dos coches que poseen, una libreta de ahorros con 31.000 euros y, por supuesto, la inutilizada Play Station. Una día después de conocerse los bienes de Rafael Simancas, y para presionar aún más a Esperanza Aguirre, la portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, también decidió hacer pública los suyos. Así, se presentó ante los medios con un dossier de documentación sobre su patrimonio y el de su marido, Enrique Benedicto, director ejecutivo en la Fundación del Hogar del Empleado y lanzado a la polémica del caso Tamayo-Sáez por presuntos intereses inmobiliarios. Porta informó a los periodistas sobre la vivienda familiar que tienen en el pueblo madrileño de Pozuelo de Alarcón y sobre la herencia de sus padres, de la que procede todo su patrimonio, esto es, 13 viviendas en Palma de Mallorca, en donde nació; una finca rústica también allí, dos fincas en Sancelles (Mallorca), acciones ordinarias y fundacionales de Agrupación Médica Balear, S.A., acciones de Imeco S.A. de Seguros, una pinacoteca y un ajuar doméstico. Además, añadió la compra de un coche Volkswagen Polo y la suscripción de una hipoteca con Caja Madrid de 39.075,79 euros. De su marido, informó sobre sus ingresos en la Fundación del Hogar del Empleado, el patrimonio compartido de la vivienda de Pozuelo, la compra de un Volvo 480, acciones de la sociedad disuelta Campderic S.R.L y de la productora cinematográfica Metrojavier S.A. Sin embargo, ¿qué se sabe de Esperanza Aguirre? Por el momento, la candidata del PP a presidir Madrid no ha dicho dónde reside, aunque El Siglo ha podido saber que lo hace en un palacete de tres plantas y sótano, situado en pleno centro de Madrid. Fuentes inmobiliarias consultadas por esta revista le dan un valor medio a esta residencia, de unos 500 metros cuadrados por planta, de más de cuatro millones de euros. Según consta en el Registro de la Propiedad, el palacete tiene la propiedad dividida entre Beatriz Valdés, suegra de Esperanza Aguirre, y Fernando Ramírez de Haro, marqués de Villanueva del Duero, también con Grandeza de España, y primogénito del matrimonio Ramírez de Haro-Aguirre. Además, Aguirre y su marido pasan muchos fines de semana en las extensas propiedades que el conde de Murillo tiene en la finca Cuarto de Abajo, en Pozos de Hinojo (Salamanca). Las comparaciones son odiosas, pero en este caso, también inevitables. Entre el patrimonio familiar conocido de uno y otro candidato media un abismo y parece que la candidata popular no está por la labor de dar a conocer la riqueza que le rodea, ni tiene por qué hacerlo. Será porque el coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, ha arremetido contra el "pequeño burgués" –a su entender, Rafael Simancas–, porque, con el chalet de Arroyomolinos, se ha demostrado que no es un "pobre progre", al parecer y según se desprende de las palabras del portavoz popular, circunstancia en la que se debiera hallar para ser candidato socialista. La renta de los políticos, coinciden todos ellos, no es muy alta. Los cargos institucionales más importantes, presidente del Gobierno, vicepresidente y ministro, suponen, respectivamente, 81.661,44, 76.753,56 y 72.048,96 euros. Sin embargo, y al parecer, el hecho de ser vos quien sois les repara considerables beneficios a la hora de obtener, por ejemplo, créditos hipotecarios. Y es que al precio que está la vivienda, sobre todo en Madrid, es privilegio de muy pocos comprarse una sin solicitar un préstamo. Recientemente, se supo por distintos periódicos que lo hicieron en condiciones muy ventajosas el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero. El primero, según una información de El Levante, adquirió un piso de 532 metros cuadrados útiles en el madrileño paseo de La Castellana, que le supuso una inversión de 1.622.732,68 euros. Para adquirirlo, el matrimonio Zaplana pidió un crédito a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) "en condiciones muy ventajosas" del Euribor más 0,40, según el periódico. Que lo fueron aún más para que el líder de la oposición, esta vez conforme al diario La Razón, que cita datos del Registro de la Propiedad, comprase la casa de Las Rozas, en Madrid, cuando accedió a la Secretaría General del PSOE. El periódico publicó la semana pasada que "Zapatero consiguió un crédito privilegiado para comprar su casa con un interés del Euribor más 0,25". También Rodrigo Rato estuvo en el punto de mira por las condiciones ventajosas de sus créditos, además, en pleno caso Gescartera. Entonces, se publicó que la familia del ministro de Economía había obtenido préstamos para sus empresas en condiciones más favorables que la media de la ciudadanía. La polémica rebrotó no hace mucho cuando se supo que Rato figuraba en la lista de clientes especiales del HSBC, el banco del gurú de Gescartera, Antonio Camacho. El Siglo. Nº 563 - 7 de julio 2003OTROS DATOS DE INTERÉS Por su parte, María Valdés,la suegra de la presidenta Esperanza Aguirre, ha recibido 30,4 millones desde 1996 por cultivar herbáceos en una finca de 806 hectáreas de Guadalajara y criar 599 ovejas. El propio marido de Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, es titular asimismo de 1.877 hectáreas dedicadas a cereales y forrajes en Castilla y León y propietario de 947 ovejas y 227 vacas.EL PAIS | España - 29-07-1999
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